Lo de las empresas del sector no tiene parangón. No les es suficiente con que trabajemos en uno de los sectores mas precarios que existen, sino que, además, cuando hay reformas legislativas intentan quitar alguno de los derechos que tenemos desde hace décadas. Es una constante, querer quitarnos derechos y para que luego tengamos que consolidarnos en los tribunales.
Desde siempre (desde el primer convenio que se firmó hace 21 años, en diciembre de 1998) se establece un permiso por nacimiento de hija o hijo, que se ha disfrutado de manera adicional a la interrupción por maternidad o paternidad que fijaba el Estatuto de los Trabajadores. El gobierno, con los RD del año pasado que establecían la igualdad de derechos entre mujeres y hombres equiparó los derechos independientemente del género de la persona trabajadora. Pero el gobierno no tocó, porque no puede, el permiso retribuido contemplado en el artículo 28.1.b del convenio que establece 3 días naturales en caso de nacimiento de un hijo o hija.
La patronal pretende, que como los padres han visto que el derecho del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores se sustituía por la suspensión con reserva de puesto de trabajo que regula el artículo 48 de la misma ley, al igual que tenían las madres hasta ahora, decaiga el permiso del convenio colectivo, del que el gobierno no ha dicho ni mu. Un Real Decreto no puede dejar sin efecto un convenio colectivo. Si la patronal no quiere aplicar el convenio por algún motivo legal que intente anularlo, pero mientras esté publicado en el BOE es de aplicación general.
Aquellos empresarios que pretenden ahorrarse ese derecho aspirando que su gasto ahora lo asuma la seguridad social son unos ladrones. A ellos no les cuesta un duro la reforma, que no se pasen de listos.
CGT y otros sindicatos han ganado en la Audiencia Nacional un juicio frente a Renault España por idéntico motivo el pasado 29 de noviembre, por lo que tenemos claro el resultado del juicio. Estamos hartas de que nos roben nuestros derechos. El 30 de diciembre iniciamos los trámites para demandar a la patronal, dado que son varias las empresas que están negando este derecho. El juicio será el próximo 11 de febrero ante la de lo Social de la Audiencia Nacional.