Desde la CGT somos conscientes de la situación especial y extremadamente grave que estamos sufriendo. También tenemos claro que para superarla serán necesarias medidas también extraordinarias, pero que en ningún caso deben suponer mayor pobreza y sufrimiento para la clase trabajadora. Sin embargo, desde el Gobierno solo se han acordado como soluciones para las personas trabajadoras tres posibilidades, el teletrabajo y los ERTE o ir a trabajar a los centros de trabajo sin las garantías sanitarias suficientes, implicando un alto riesgo de contagio. La anunciada medida del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre una ayuda a las familias para quienes no puedan seguir trabajando por tener que ejercer el cuidado de un familiar ha quedado en agua de borrajas.
El teletrabajo se está demostrado una solución parcial y que afecta a un número muy limitado de personas, donde además queremos prevenir contra los posibles abusos patronales en detrimento de la salud y la vida familiar de las personas que lo están desarrollando. No se puede exigir una conexión permanente ni puede servir de excusa para futuros despidos por no alcanzar una productividad imposible cuando, además, gran parte de estas personas ven muy limitado sus espacios y tiempos de trabajo debido a las responsabilidades familiares que deriva esta situación.
En cuanto a los ERTE, desde la CGT tenemos acuerdos que siguen absolutamente vigentes y que también contemplan que nadie que represente a la CGT en las empresas pueda ser excluido de los mismos por el simple hecho de ser delegado/a. No queremos privilegios.
Entendemos que lo acordado por el Gobierno en relación a los ERTE es insuficiente y además deja sobre los hombros de la clase trabajadora todos los sacrificios, los de ahora y los del futuro. No entendemos que no se haya mantenido el poder adquisitivo de las familias garantizando el 100% del salario, tampoco se ha previsto la situación en que quedaran muchas personas que ante el anunciado colapso del SEPE no van a percibir los salarios de marzo y abril posiblemente hasta mayo y quizás lo más importante no hay una garantía real de la continuidad en el empleo cuando esta situación termine.
A ello se suma que somos nosotras y nosotros quienes vamos a pagar otra vez el pato. Las empresas, según su tamaño tendrán unas exenciones de las cotizaciones sociales entre el 75% y el 100% en caso de tramitar un ERTE, independientemente de su situación financiera, ya que no existe un condicionante basado en la situación económica a la que están expuestas. Empresas o grupos empresariales con beneficios, no tendrán que asumir el coste de esta situación, ya que podrán sumarse a las ayudas públicas que se conceden ante esta situación excepcional. Un hecho tremendamente injusto para autónomos y PYMEs, así como para la clase trabajadora que sí que tiene que cumplir una serie de requisitos para poder sumarse a estas medidas extraordinarias.
Por ello, cuando decimos que seremos la clase trabajadora quien asuma principalmente las consecuencias de esta situación ahora, lo decimos porque como consecuencia de esta situación muchas personas han sido despedidas y otras verán suspendidos sus contratos temporalmente, viendo así reducido su nivel de ingresos. Otras no tendrán ningún ingreso, las personas contratadas de forma irregular, las empleadas de hogar, los contratos suspendidos de ETT no tendrán derecho a nada.
Cuando hablamos de que pagaremos esta crisis en el futuro, nos referimos a que el coste de todo esto se pagará con nuestros impuestos. Nos lo descontarán todos los meses de nuestras nóminas, lo pagaremos en cada producto que compremos. La mayor parte de los ingresos tributarios vienen derivados de las rentas del trabajo. Actualmente el impuesto de las personas físicas, el IRPF que nos descuentas de nuestras nóminas todos los meses supone el 73% por ciento de todo lo recaudado por impuestos directos, frente a solo el 22% que corresponde al impuesto de sociedades, el que pagan las empresas.
El IVA, la otra gran vía de recaudación de impuestos y que supone el 35% del total de ingresos, lo pagamos entre todas independientemente del nivel de ingresos que tengas, ya te llames Pepito Pérez, Amancio Ortega, Ana Botín o Juan Abelló. Es una forma regresiva y tremendamente injusta de recaudar que cada vez está teniendo mayor importancia en las arcas públicas. Las cifras hablan por sí solas de quienes van a pagar esta crisis: Nosotras, la clase trabajadora. Pero es el momento de cambiar las cosas, las pobres ya no podemos ser más pobres, ahora es el momento de que las empresas tengan un compromiso con la sociedad y paguen también su parte.
El Gobierno tiene que garantizar una Renta Básica para todas las personas, nadie puede quedarse atrás en esta crisis. No lo estamos pidiendo, lo estamos exigiendo.