La Consellería de Traballo resolvió estimar «parcialmente» el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la multinacional de telecomunicaciones Sykes para los centros de A Coruña y Lugo –que afectaba en total a 276 contratos– y admite la baja de 68 trabajadores de las oficinas coruñesas.
El departamento que dirige Beatriz Mato informó hoy, cuando se vencía el plazo dado para tomar una decisión por parte del Gobierno gallego, de la resolución a los representantes de los trabajadores y a la propia empresa. Los empleados afectados corresponden todos ellos al centro de A Coruña, para el que la empresa pedía la extinción de 239 contratos indefinidos, de los que 85 están vinculados a los contratos con Telefónica, 125 a los de Vodafone y 29 son personal de administración.
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Así, de las 68 extinciones que se autorizan, 43 corresponden al contrato con Telefónica, que finalizó el 31 de marzo, otras nueve afectan al personal de administración y 16 están relacionados con las campañas que la empresa realiza para Vodafone. Respecto a este último punto, Traballo considera que «si bien es verdad que existe una reducción de carga de trabajo por bajada de llamada, no es procedente autorizar la extinción de 125 contratos alegando la reducción de registros en el último año y medio».
En cuanto al centro de la empresa en Lugo, «no se autoriza la extinción de los 37 puestos». En un comunicado, Traballo argumentó que «no queda acreditado» que las causas productivas alegadas por la empresa «tengan actualmente incidencia en la estructura de personal» en estas oficinas.
El Gobierno gallego concretó que, en lo que se refiere a las 42 personas encargadas de desarrollar los trabajos de la campaña ‘Negocios y profesionales’ contratada por Telefónica, los informes de que dispone Traballo «indican que, si bien la relación contractual estaba previsto que finalizase el pasado mes de abril, ésta fue prorrogada», por lo que «no se autoriza la extinción de estos contratos».
Para el caso del personal de administración –Sykes pidió la extinción de 29 contratos–, la consellería acepta una reducción de plantilla «de forma proporcional a la disminución de puestos de trabajo en lo que va de año», de lo que resulta una cifra de nueve empleos.
TRABAJADORES EN OTRAS CAMPAÑAS
Además, la Xunta señaló que hay que tener en cuenta que varios trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo están prestando en la actualidad servicios para la empresa en otras campañas, tal y como consta en la documentación aportada por Sykes. Agregó que, desde la presentación del ERE, a finales de febrero, la empresa transformó en indefinidos los contratos de 45 trabajadores, según el informe de la Inspección del Trabajo de Lugo.
El pronunciamiento de la consellería se produce ocho días después de que la Inspección haya remitido su informe favorable al expediente de regulación de empleo para el centro de A Coruña, pero contrario al de Lugo. Así, rechazaba los criterios «económicos» planteados por la empresa, pero tenía en cuenta los «organizativos y productivos», referidos a la disminución del volumen de trabajo.
Los trabajadores iniciaron, desde que la empresa anunció su intención de presentar un ERE, una serie de protestas, que se intensificaron la semana pasada y los primeros días de la presente y que derivaron en un desalojo de las instalaciones de Traballo en A Coruña el martes y de las de San Caetano ayer, tras pedir por escrito una reunión con Beatriz Mato.