Sin causa, fraudulento, con la única finalidad de vender mano de obra barata a una empresa pirata y otra que se aprovecha de la piratería. Así es el ERE que se ha marcado una empresa de la solvencia de Indra BPO, antaño compañía pública y ahora entregada a la lujuria de la explotación laboral, el fraude y la subcontratación de servicios de telemarketing. Una vergüenza y un escándalo al que ha hecho frente CGT desde el primer día denunciando que los más de 400 despidos planteados por la dirección de Indra eran una bochornosa maniobra de precarización orquestada por Vodafone para poner a los trabajadores/as a merced de las tropelías del marqués de Marktel y de las depredadoras garras de Konecta.
Y lo malo es que Indra ha contado con poderosos aliados en los burócratas sindicales que, sin apenas conocimiento de los entresijos y los trapicheos del telemarketing, aterrizaron en la mesa de negociación con su futuro laboral más que resuelto, mientras que el único representante de CGT estaba incluido en el procedimiento de despido colectivo. Aún hay clases, incluso en el mundo sindical, sin duda. Desde ese primer día CGT ha denunciado el inmenso fraude que supone que, al mismo tiempo que se planteaba este despido colectivo, se despedía a cientos de personas mediante un más que dudoso Art. 17 por disminución “prevista” de llamadas que ya ha sido debidamente impugnado ante la jurisdicción social.
De poco han servido nuestras constantes exigencias de que Indra absorbiera a todos esos trabajadores/as e incluso que Marktel y Konecta se comprometieran a asumir esa mano de obra en similares condiciones a las que tenían en Indra, en la medida en que lo permite el desdichado Art. 18 del Convenio de Contact Center. De poco ha servido que hayamos advertido a Indra que el desvío de llamadas en las jornadas de paros por el despido colectivo podía suponer un potente argumento legal para impugnar este procedimiento. Indra BPO y sus compañeros de baile, CCOO, UGT y USO, han seguido a lo suyo, a firmar despidos por un poquito más de dinero y vagas promesas de recolocación absolutamente insustanciales que apenas han alcanzado, no sin grandes sacrificios, a 50 trabajadores/as solo de Madrid y Barcelona.
Al final, en una típica maniobra de hipocresía y renuncia a sus responsabilidades sindicales, CCOO, UGT y USO han firmado un preacuerdo reconociendo las causas del procedimiento que supone casi 400 despidos con 30 días de indemnización por año, inferior a la del despido improcedente, a cambio de trasladar la responsabilidad de la decisión a unos trabajadores/as en un referéndum que se desarrollará en unas condiciones poco o nada idóneas para la toma de una decisión de esta envergadura. CGT por supuesto no se ha prestado a esta farsa y defenderá ante los tribunales todos estos puestos de trabajo.