Los trabajadores del servicio de gestión telefónica de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061, siguen con su encierro en su sede del Parque Tecnológico de Andalucía desde el 26 de marzo de 2015 acumulando ya más de 8 meses peleando por sus derechos. Los sucesivos recortes en el número de gestores por turno de estos servicios telefónicos y la implantación de nuevas aplicaciones informáticas están deteriorando los derechos de los trabajadores y también la calidad del servicio que se presta.Las quejas de los trabajadores han derivado en despidos fulminantes de empleados que llevaban dos décadas al frente de este servicio, se quejan los sindicatos. Una de ellas, ha llevado su situación laboral hasta los tribunales.
Los empleados saben que esta situación se debe al "afán de enriquecimiento de las contratas que no dudan en endurecer las condiciones sociolaborales de los empleados para incrementar sus ya de por sí pingues beneficios" y denuncian que la contrata adjudicataria "se permite el lujo de despedir a quienes exigen legalmente el cumplimiento de los mínimos legales" y critican que la Junta "consienta estos atropellos" y que "persistan en los cargos de las empresas públicas, como directivos, quienes, no sabemos bajo que intereses, son cómplices necesarios para estos abusos empresariales". Señalan que ya han sido nueve los despedidos en la EPES 061 con expedientes "intachables".
Se preguntan cómo la Junta mantiene como prestadora de servicios esenciales para la Comunidad a una empresa que "ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por fraude en la contratación, sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos, y sancionada también por violar derechos fundamentales de sus trabajadores".
A pesar de todo esto, estamos de enhorabuena, pues tras varios intentos fallidos por parte de CGT( FATYC de CGT-A) de obtener dialogo con la Junta de Andalucia, se ha aprobado en el Pleno del Parlamento con los votos a favor de los cuatro grupos de la oposición, PP-A, Podemos, Ciudadanos (C's) e IULV-CA, una proposición de ley por la que el Parlamento insta a la Junta a adoptar las medidas necesarias para que la gestión del servicio telefónico de emergencias sanitarias 061 sea prestado directamente por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) a partir del 1 de enero de 2017, una vez vencido el contrato vigente con la empresa privada que lo tiene adjudicado hasta finales del 2016, punto al que ha votado en contra el PSOE-A.
En virtud de la iniciativa, el Parlamento también insta a la Junta a que lleve a cabo las actuaciones oportunas para la solución del conflicto laboral y la dignificación de las condiciones laborales de las plantillas de las contratas del 061, extremo que ha sido aprobado por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Diputados de los cuatro grupos de la oposición, que refrendan esta iniciativa, han defendido la propuesta ante el Pleno del Parlamento. Así, por el PP-A, la parlamentaria Rosalía Espinosa ha ensalzado la labor de los grandes profesionales del 061 que, "con faltas medios y a pesar de las condiciones laborales, le salvan la cara a la Junta y a la Consejería de Salud".
Han tildado de "inconcebible" el despido de siete empleadas por ir a la huelga, hecho denunciado publicamente por CGT y ha afirmado que los directivos de la Consejería y de la empresa pública "han pecado dejando que este conflicto llegue adonde ha llegado".
El diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha comenzado diciendo que "Una vez más la ciudadanía por delante de su gobierno", y ha criticado que "la calidad del servicio lleva meses en juego y el Gobierno andaluz no ha intervenido, sino que han sido los trabajadores las que han puesto en riesgo su trabajo para sacar adelante un trabajo que no es cualquiera".
Espinosa ha explicado que con esta PNL "se le da voz a los trabajadores, pretende que se resuelva el conflicto, mostrar nuestra repulsa a los despidos y, como hay tantos problemas en la gestión del 061, que vuelva la gestión a EPES, para que preste el servicio como se merecen los andaluces y también se merecen los trabajadores".
José Antonio Castro, parlamentario de IULV-CA, ha destacado que esta PNL es consecuencia de "una lucha de las trabajadoras por su trabajo, por la calidad del servicio y por la necesidad de que se recupere este servicio público" y ha criticado que la externalización de este servicio, "que es un eufemismo de privatización", es un negocio "redondo" para las empresas privadas porque "tienen en cuenta el beneficio económico pero no el beneficio social, por lo que baja la calidad del servicio y aumentan el precio".